Habiéndose dado el debate público sobre el denominado "Fondo de obras" que percibe la Municipalidad a través de la Clyfer, y a dieciocho años de cometido el desatino administrativo que significó la aprobación de la ordenanza N° 2031/94 que lo creó, es hora de poner los puntos sobre las íes, derogar esa reglamentación absurda y comenzar a transitar por el camino correcto.

El Departamento Ejecutivo Municipal ha enviado al HCD un proyecto para elevar la alícuota del 7,5% sobre el consumo de energía que pagan todos los usuarios residenciales y muchos empresarios, alegando ciertas necesidades económicas que serán abordadas en la segunda parte de esta nota. Pero para conocer la real magnitud del desatino es necesario, primero, dejar bien en claro de qué se está hablando.

USO DEL ESPACIO AEREO

La Ley Orgánica de las Municipalidades establece en su artículo 226°, inciso 20° una de las fuentes de ingresos para las comunas: la "colocación o instalación de cables o líneas telegráficas, telefónicas, de luz eléctrica, aguas corrientes, obras sanitarias, tranvías o ferrocarriles, estacionamiento de vehículos y toda ocupación de la vía pública y su subsuelo, en general."

Por qué la Municipalidad, que es la obligada a prestar el servicio eléctrico, cobraba esta tasa a la Clyfer, que actuaba como concesionaria, es harina de otro costal, aunque merecería un análisis; pero el hecho es que hasta 1993 la cobraba, y en aquel momento, teniendo en cuenta el costo de la energía, de funcionamiento, el consumo de la ciudad, y muchos otros parámetros, a la cooperativa el pago del uso del espacio aéreo le insumía alrededor del 5% de su facturación.

Lo que sucedió fue que en octubre de 1993, la Provincia de Buenos Aires a través de su organismo de control, el OCEBA, obligó a las prestadoras a firmar el llamado "contrato de reconversión eléctrica" que significó, entre otras cosas, que esa autoridad superior fijaba las tarifas de la energía, tanto para la compra como para la venta.

Fue así como la Clyfer, sin excedentes por la venta de energía, se vio obligada a solventar con sus propios recursos el pago del uso del espacio aéreo, y como se verá a continuación, nació la idea de sancionar una ordenanza, la del "Fondo de obras", un error histórico que hoy el Departamento Ejecutivo busca profundizar.

NACE EL "FONDO DE OBRAS"

¿Qué tienen que ver las obras públicas con el pago por el uso del espacio aéreo? Para entender esto es necesario viajar en el tiempo, y recordar cómo eran algunas cosas a fines de los '80 y principios de los '90.

Hoy estamos felizmente acostumbrados a que la Clyfer tenga una dirigencia cooperativa, preocupada por defender los intereses de la institución por encima de cualquier otro.

No ocurría lo mismo por aquellos años. La política local había absorbido a la cooperativa, que era considerada como un espacio público más. La gente que integraba el "riñón" del sector político dominante deambulaba, ora por los despachos municipales como funcionarios, ora por los de la Clyfer actuando como consejeros, gerentes, etcétera.

No es raro que dentro de esa simbiosis tan particular, el pago por el uso del espacio aéreo se concretara mediante la ejecución de obra pública, y no en dinero efectivo.

Esto a priori no tendría nada de malo, si no fuera porque fue el elemento que vinculó conceptualmente al pago por el uso del espacio aéreo con las obras públicas.

Está claro que la Clyfer es la responsable de pagar por el uso del espacio aéreo (si es que lo está, no queda claro), y que cuenta con las herramientas, si le hicieran falta, como para obligar a sus socios a que realicen el aporte necesario para solventar tal gasto.

Pero en aquellos momentos de contubernio político-cooperativo, en lugar de canalizar la obtención de recursos a través de la Clyfer, como indica la lógica, se pensó en hacerlo a través de otra de las oficinas del poder, el Concejo Deliberante. Y fue sancionada la ordenanza 2031/94.

DETALLES DEL ABSURDO

La Municipalidad no tiene facultades para sancionar impuestos. Es real que la Constitución Nacional lo contempla desde su reforma de 1994, pero esto queda a criterio de lo que dispongan las constituciones provinciales, y la de Buenos Aires no lo establece, ni tampoco la Ley Orgánica de las Municipalidades, reformada el año pasado.

Gravar con una alícuota cualquiera el consumo de energía eléctrica, por ende, no está dentro de las atribuciones de ningún gobierno municipal bonaerense.

Las tasas que cobra la Municipalidad no son impuestos, sino retribución por servicios prestados; y tienen un valor fijo, establecido cada año en la Ordenanza Fiscal e Impositiva; jamás podrían calcularse como porcentaje de ningún valor extramunicipal. Vincular el precio de una tasa al consumo de la energía eléctrica es, a los efectos prácticos, tan ridículo como calcularlo a partir de los puntos que obtengan Boca o River en el campeonato de la AFA.

Para dar una idea de hasta qué punto es absurda esta pretensión, cabe señalar que la propia tasa de alumbrado público, un servicio cuyo costo SI depende del valor de la energía, no se cobra como porcentaje sino que tiene un costo fijo. Pero con el "Fondo de obras" se grava porcentualmente el consumo...

SEGURIDAD Y PRIORIDADES

Está claro que la ordenanza 2031/94 fue un grave error, cometido en momentos en que la Clyfer era una dependencia municipal, que pretendía poner un parche sin solucionar un problema, en una época en que las cosas eran muy distintas a las actuales. Es obvio que tal reglamentación debe ser derogada.

También está claro que la intención del Ejecutivo Municipal de hoy es contar con fondos extra para seguridad, más concretamente, para pagar sueldos a nuevas personas que trabajarían en el centro de monitoreo de las cámaras de vigilancia.

Si la seguridad fuera tema prioritario, entonces lo correcto sería derogar el "Fondo de obras" y crear una tasa específica; pero no lo es, y es realmente una lástima que habiendo tantas cosas que sí son prioridades y necesitarían financiamiento, como la recuperación de las guardias activas de pediatría, radiología o laboratorio en el hospital; o el área educativa municipal, que hoy cuenta con un jardín maternal, el Conservatorio de Música, la Escuela de Bellas Artes, el Centro Universitario, etc., el gobierno desestime la posibilidad de crear tasas orientadas a tales cuestiones que sí son prioritarias, y base su política activa sobre temas de seguridad. Y para colmo, intentando emplear más gente para una planta de personal municipal que ya ronda los 800 agentes en un distrito de 23.000 habitantes.

Algunas cosas son comprensibles. Es natural que una sociedad formada por individuos que, para saber si llueve o brilla el sol, antes que abrir la ventana prenden el televisor, y teniendo en cuenta lo que son hoy los noticieros televisivos en cuanto formadores de opinión pública, tenga a la inseguridad como una de sus preocupaciones centrales. Pero si esa mentalidad es la que nos va a gobernar, entonces, como dicen los chicos: "estamos en el horno".