La polémica suscitada en torno de la pretensión municipal de vender la Plazoleta de la Juventud a cambio de la ejecución de una obra de cordón cuneta transcurrió por numerosos carriles distintos, pero jamás llegó a uno que habría sido esclarecedor desde el principio: que la ley no permite tal cosa.

Cabe hacer un poco de historia, aunque sea reciente: fue el bloque de concejales de la UCR el que denunció que el proyecto oficialista para adherir a la Ley Provincial N° 13.810 (de reglamentación de la asociación público-privada) tenía por objeto vender la plazoleta, o bien "canjearla" por unas treinta cuadras de cordón cuneta.

Los ediles radicales sostuvieron que habiendo adherido a dicha norma, la Municipalidad tendría las manos libres para asociarse con una empresa privada (con la que ya habría estado todo acordado), y lograr la ejecución de la obra "pagando" con lo que para unos es una plazoleta, y para otros un simple terreno de propiedad municipal.

La denuncia radical fue respondida desde el oficialismo, aunque con distintas variantes: mientras la concejal Maite Uribe, presidente del bloque de Frente Renovador, afirmaba que "no hay nada presentado, y mucho menos en relación con esa plaza. Lo único que se presentó desde nuestro bloque es un proyecto para adherir a una ley provincial mediante la cual se facilita la iniciativa privada: empresas pueden presentar proyectos al Departamento Ejecutivo; eso vuelve a pasar por el Concejo; se llama a licitación pública, y es todo muy claro. Están mintiendo, como siempre lo hacen", el Secretario de Gobierno, Carlos Bramati, señalaba en conferencia de prensa que "se va a vender como un financiamiento de una obra. Nosotros tomamos el ejemplo de lo que ocurrió en Junín, donde se está construyendo una terminal de ómnibus nueva con parte de pago de la terminal vieja. Estamos buscando un modelo similar en donde el intendente va a decir cuál será el proyecto, y cómo se utilizará el inmueble como parte de pago".

"Nosotros logramos la transferencia de ese terreno al Municipio. Paso siguiente, consultamos, a través de una nota oficial, al Tribunal de Tasación y a tres tasadores privados para que evalúen la magnitud de lo que transferimos a la Municipalidad, cuál era el valor del mercado, para poder planificar y para poder evaluar qué se va a hacer con ese lote. Después se empezó a charlar con empresas interesadas, con emprendedores, con grupos empresariales que proponían diferentes modalidades y diferentes cosas. Pero lo que se está haciendo es evaluar; acá no hay nada subrepticio, nada oculto”, añadió Bramati, que además no perdió la oportunidad de recordar que "no hay ninguna documentación catastral que señale que ése es un espacio público o una plaza”, y que "hay una ordenanza avalada por Marcelo Gear cuando era intendente, que le permitió al Banco Local construir ahí un edificio".

QUE DICE LA LEY

La polémica adhesión de la Municipalidad a la Ley Provincial N° 13.810 es una maraña legal bastante compleja, pero así y todo hay elementos esclarecedores.

En principio hay que aclarar que dicha norma provincial es, a su vez, una adhesión al Régimen Nacional de Asociación Público - Privada, cuyo sustento legal es el decreto 967 del año 2005. Por ende, la adhesión de la Municipalidad de Rojas a la Ley 13.810 es, a la vez, la adopción de lo establecido en el citado decreto nacional.

La ley 13.810, a su vez, cuenta con un decreto reglamentario, el número 372 de la Provincia de Buenos Aires (fechado en el año 2010), mediante el cual la ley provincial fue promulgada.

Ambas normas legales, la provincial y la nacional, prevén la posibilidad de que se creen organismos mixtos, público-privados, para distintos objetivos tales como "proyectos de infraestructura, obras públicas, concesión de obras públicas, concesión de servicios públicos, licencias o cualquier otra modalidad a desarrollarse mediante los diversos sistemas de contratación local".

Lo curioso es que tanto el texto del decreto reglamentario de la Ley 13.810 como el decreto nacional 967-2005 tienen su artículo 5° prácticamente "calcado". En ambos casos se refiere a los "aportes del Estado" a la sociedad (formas de pago), y se enumeran las posibilidades: pago en efectivo; cesión de créditos tributarios, otorgamiento de beneficios tributarios incluyendo exenciones o desgravaciones parciales; reconocimiento de derechos o privilegios sobre determinados bienes públicos que podrán consistir en concesiones, licencias, permisos, autorizaciones... pero deja taxativamente establecido que tales beneficios TENDRAN UNA UNICA EXCEPCIÓN: EL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LOS MISMOS.

En criollo, esto significa que el Estado puede "pagar" a los privados con cualquier beneficio o permiso sobre sus bienes... pero no transfiriéndoles la propiedad.

El inciso 3° del artículo 5° de la Reglamentación del Régimen de Asociación Público - Privada expresa textualmente:

ARTÍCULO 5º. APORTES DEL ESTADO.

(...)

c) Reconocimiento de derechos o privilegios sobre determinados bienes públicos que podrán consistir en: concesiones, licencias, permisos, autorizaciones o algún otro instrumento legal, con excepción del derecho de propiedad sobre los mismos.

Es decir: La propiedad de la Plazoleta de la Juventud no puede ser transferida como pago por obra pública, por lo menos en los términos de la Ley 13.810. Por supuesto que la Municipalidad podría venderla (siguiendo los pasos legales correspondientes) y utilizar el dinero para lo que le plazca. Pero no en el marco de esta norma.

LA ENAJENACION DE BIENES NO ES UNA POLITICA INTELIGENTE

Desde el punto de vista de una buena administración, el Estado puede desprenderse de sus bienes ociosos tales como vehículos ya amortizados, equipos obsoletos, etc.; pero no de aquellos estratégicos como la tierra urbana.

Sabido es que una de las preocupaciones fundamentales de los intendentes es, precisamente, conseguir tierra en la que plasmar proyectos de toda índole.

La administración municipal rojense, por el contrario, ha encarado una política de enajenación de esos bienes públicos, comenzada con el pomposamente llamado "plan Camino a Casa" que no era otra cosa que la mera venta de terrenos municipales (laboriosamente conseguidos en administraciones anteriores), y ahora la Plazoleta de la Juventud, lotes pretendidamente "ociosos".

Cabría entonces especular un poco sobre el significado relativo del término "ocioso". Es evidente que lo que para algunos es "ocioso" no lo es para otros. Para este columnista, que no es cirujano, sería "ocioso" tener en su oficina un bisturí. Claro que ese instrumento, en las manos adecuadas, ha salvado millones de vidas.

Queda claro entonces que la calificación de "ocioso", hecha sobre un terreno municipal céntrico, no habla de la naturaleza del lote en sí, sino de que a sus administradores no se les ocurre qué hacer con él. La realidad que desnuda toda esta situación no es ningún acuerdo público-privado en la sombra; es la de que tenemos un sector público privado de imaginación; una administración municipal que, por no saber cómo usarlas, vende las herramientas. Qué hace con el ingreso probablemente será tema para otros editoriales...